Familiares de los trabajadores levantados por una célula de la organización criminal de la Familia Michoacana y la empresaria de la bodega de pollo ubicada en Parques Nacionales en Toluca, exigieron su localización con vida.
Karina Contreras, una de las manifestantes y dueña del rastro, dijo que dejaron de pagar el “derecho de piso” porque ya era insostenible pues cada quincena debían dar cerca de 950 mil pesos, y la tarifa actual impuesta fue de dos pesos por kilo de carne.
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